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La Justicia Salteña usa el juicio abreviado en violaciones y abusos de niñas y mujeres, y aplica condenas condicionales que benefician a potenciales femicidas

En el ultimo año aumentó la cantidad de abusadores y violadores que no van presos ni tampoco realizan tratamientos terapéuticos para dejar de ejercer violencia contra mujeres y niñas. Ningún organismo del Estado vinculado a género o derechos humanos ha pedido que se modifique una situación procesal que incluso practica mediaciones entre una mujer víctima y su abusador.

La reivindicación de la lucha contra la violencia hacia las mujeres que mostraron el pasado 3 de junio funcionarios y funcionarias de los diferentes poderes del estado provincial en una nueva marcha #niunamenos, se contradice con el uso que hace el poder judicial salteño de los denominados “juicios abreviados” que potencia la cultura femicida en la provincia al utilizar un proceso introducido en la reforma del Código Procesal Penal de 2006, en casos de violencias y abusos.

Informes de la Corte de Salta afirman que el uso de esta vía procesal ha aumentado en la provincia y que en la actualidad se aplica a todas las causas, en razón de que el propio tribunal declaró inconstitucional el límite de seis años de pena de privación de libertad que establecía el artículo 360 para la procedencia de los juicios abreviados.

En el Código Procesal Penal de la Nación -el cuerpo normativo que indica cómo se debe desarrollar un proceso de ese fuero- están expresadas las condiciones en las cuales se puede dar un juicio abreviado en su artículo 431 bis. Allí se establece, entre otras cosas, que la aplicación de este procedimiento se puede dar en casos donde las penas contemplen menos de seis años de prisión. La solicitud puede ser realizada por los fiscales en los que haya recalado el caso.

Según las normas procesales de Salta ese limite se baja a 3 años y la vía del juicio abreviado se define en la audiencia preliminar, cuando el presidente del tribunal enjuiciador consulta a las partes si recurrirán a este tipo de trámite. En el juicio abreviado, el juez de la Cámara en lo Criminal recibe de la Fiscalía Penal interviniente el pedido de pena, consentido por la defensa y por el encausado. Aun con este requerimiento de acuerdo -dice la Corte- resulta admisible el recurso de casación contra la sentencia dictada. La solicitud de juicio abreviado puede, sin embargo, ser rechazada por los jueces o tribunales que se encarguen de revisarla. Esta posibilidad también está contemplada en el artículo 431 bis, así como el hecho de que no se podrá imponer una pena superior a la solicitada por el fiscal en el caso de que se utilice este proceso.

Esta cuestión técnica deja expuesta explícitamente una complicidad de todos los actores del poder judicial al momento de tomar los casos de violencia contra las mujeres como carentes de gravedad, a pesar incluso de la situación de emergencia de género declarada en la provincia por ley en 2014.

La Coordinadora del Instituto de Género del Colegio de Abogados Flavia Galagorri reconoció en el programa #bombadehumo de AM750 Salta que se utiliza el consentimiento de la victima para establecer la pena de abusadores y violadores sin ir a un juicio común, y que el tecnicismo propio del sistema judicial oculta a la sociedad civil lo que están resolviendo jueces y fiscales. Galagorri afirmó que falta empoderamiento en organizaciones de mujeres para denunciar esta situación, reconociendo que para este tipo de casos debe irse a un juicio común.

Los juicios abreviados surgieron como posibilidad ante casos en los que los delitos cometidos, además de no ser graves, cuentan con el reconocimiento de la culpabilidad de parte de los acusados. Con esta voluntad expresa, víctimas y victimarios avanzan en una solución que evita que toda la maquinaria judicial se ponga a andar. “Este tipo de juicios brinda un gran ahorro de recursos”.

La pregunta radica entonces en ¿qué sucede en el poder judicial salteño que está utilizando el procedimiento de los juicios abreviados para establecer condenas condicionales, donde abusadores, violadores, golpeadores no van presos ni tampoco realizan tratamientos terapéuticos?

La Diputada Provincial Matilde Balduzzi, afirmó en AM750 Salta que desde el poder legislativo se ha avanzando con leyes que han permitido incrementar los recursos para el abordaje de la problemática de género, desde la ley de emergencia de género hasta la creación de organismos técnicos y judiciales, desde la adquisición de herramientas tecnológicas y hasta destino de recursos de obra pública para la construcción de refugios. Sin embargo reconoció que es notorio el aumento en abusos y situaciones de violencia y que la justicia salteña realiza un trabajo aparte desfragmentando el abordaje al considerar como causas carentes de gravedad a los abusos y las violaciones de niñas mujeres.

Para el abogado referente del Foro de Mujeres de Salta, Víctor Hugo Sarmiento, los juicios abreviados son inconstitucionales porque implican el reconocimiento explícito de la culpabilidad del agresor y a través de la presunta colaboración con la justicia al reconocerse culpable del hecho, la pena siempre es menor.

“Mucha gente no tiene idea de lo que le están haciendo firmar. Los operadores judiciales obligan a reconocer el delito, haciendo creer que así se avanza en una condena, mintiéndole a las dos partes”.

Si bien se cumple con la finalidad de que se tenga una condena, afirmó Sarmiento, el problema radica en que si esa condena se hace efectiva o no. Si la condena es menor a 3 años, no es de cumplimiento efectivo. Entonces se llega a acuerdos de menos de 3 años, lo que implica que no vaya preso. “La Justicia pie que fijen residencia en Salta y hagan algún que otro curso o trabajo comunitario”.

Desde una perspectiva garantista, y acorde con numerosas investigaciones sobre violencia contra la mujer, Sarmiento propone, a diferencia de las posiciones punitivistas como la pena de muerte o la castración química, que es necesario que los juzgados brinden tratamiento psicológicos reales en un tema central: las masculinidades.

Sin embargo reconoce que falta una estructura que posibilite una pena que corte radicalmente con el circuito de violencia contra las mujeres. “Un mismo violento puede destruir la vida de 15 mujeres a lo largo de su vida. El mismo violento va reproduciendo su conducta con diversas mujeres, dejando un tendal de víctimas que no para nunca. Hasta que ese violento haga un tratamiento en profundidad para cortar sesgos culturales del patriarcado van a seguir aumentando los casos”.

El abogado aseguró que los jueces desconocen sobre el tema. “Sólo se focalizan en dar una condena administrativa para resarcir a la victima y se olvidan que el victimario esta suelto y sigue dando vueltas por ahí. Hoy deja de molestar a esta mujer, pero mañana será otra. No hace mucho que paso el asesinato de una mujer en la cárcel”.

La antropóloga feminista en boga Rita Segato realiza un perfil social de los violadores para ayudar a entender la escalada de violencia contra las mujeres en América Latina. “El violador no es un ser anómalo, raro. En él irrumpen valores que están en toda la sociedad. Él siente que está castigando a su víctima por algún comportamiento que entiende como un desvío, un desacato a una ley patriarcal. Para él, la violación es un acto de moralización. La solución al problema no será la cárcel ni la castración química, porque no es un hecho genital, es un hecho del poder, y si no cambia la atmósfera de las sociedades en las que vivimos, el problema no va a desaparecer”.

De todos los poderes del estado El Poder Judicial es el que menos explicaciones da sobre las decisiones que toma, y está tomando decisiones sobre la vida de miles de mujeres y niñas salteñas.

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