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La Iglesia de Orán frena la política macrista contra el bagayeo.

En un año electoral la crisis del bagayeo expone la escasa o nula presencia de los legisladores nacionales frente a los problemas provinciales.

La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich aterrizó esta semana en la provincia para confirmar las medidas de cierre de fronteras que se inició con el corte abrupto del bayageo en el norte salteño al inicio de junio.

La intervención del Gobierno Nacional en una economía social informal que mueve alrededor de 70 millones de pesos por mes en Orán y Aguas Blancas generó una crisis que no tuvo la respuesta que el intendente de Orán Marcelo Lara Gros esperaba del gobierno provincial, aliado de la Casa Rosada.

El gobierno de Mauricio Macri intenta frenar el ingreso ilegal de mercadería que en lo último 15 años creció exponencialmente debido a la demanda generada desde las áreas metropolitanas de los grandes centros urbanos de la región central del país, cuyo epicentro es la gran feria La Salada en el conurbano bonaerense.

El bagayeo consiste en cruzar el rio Bermejo, alzando bolsas de 80 kilos, esquivando controles. Si bien los mismos trabajadores reconocen que no es un trabajo digno y que es una actividad ilegal, y aseguran que con la mercadería secuestrada desaparecen las fuentes de trabajo. La demanda de mercadería de alrededor de 1000 compradores y distribuidores argentinos de la mercadería clandestina proveniente de Bolivia conocidos como “los patrones”, genera una red comercial que incluye a provincias de todo el Noroeste.

Todos los actores políticos y sociales locales que se pronunciaron sobre el conflicto afirmaron que era necesario el control de Gendarmería para que no se ingrese “droga” (cocaína principalmente), pero de una u otra manera se oponían al corte abrupto del comercio no tributario. ¿Antes del conflicto estos mismos funcionarios aceptaban que pasaba droga con el bagayeo? La creciente situación de violencia en las localidades norteñas parece responder a esa pregunta.

La situación económica macro de caída del consumo, sobre todo en las jurisdicciones que les interesa electoralmente al gobierno nacional, y las presiones de las cámaras empresarias y comerciales para erradicar la economía social informal que no tributa impuestos; llevó al Gobierno Nacional a cortar por lo que a su criterio es la fuente de todos los males que afectan a las tiendas de Buenos Aires con el vuelco masivo de las clases medias y populares al consumo en ferias.

Si bien los trabajadores se organizaron y apelaron a las estrategias piqueteras, no tuvieron la suficiente capacidad de incidencia política frente a esta decisión nacional debido al escaso apoyo en acciones de los gobierno provincial y municipal, que al igual que los legisladores nacionales (diputados y senadores) se mostraron incomodos defendiendo el ingreso ilegal de mercadería por las fronteras del territorio que representan, siendo tibios frente a la demanda real de 5 mil familias que viven de él.

La iniciativa del obispo de la iglesia católica oranense Gustavo Zanchetta dejó en evidencia la capacidad viva de gestión política en la resolución de conflictos sociales del catolicismo y el lugar político relevante de la iglesia que lidera el Papa Francisco para el gobierno nacional, ocupando un lugar central que no ocupó ningún legislador nacional durante los casi 20 años que lleva de intenso crecimiento de esta actividad.

Si bien en entrevistas con AM750Salta el Intendente de Oran Marcelo Lara Gros informó sobre las alternativas de desarrollo de la región que vienen “analizando” desde hace un par de años para paliar la crisis que dejó el proceso neoliberal de los 90, los representantes de los bagayeros negaron que en 14 años se hayan propuestos alternativas.

La gestión del Obispo, quien encontró una terminología para referirse a los bagayeros como “Trabajadores de Frontera” concretó un acuerdo para registrar a quienes ingresan mercadería que no paga impuesto, en una menor cantidad (menos del 20% de lo que trasladaban), accediendo a los controles oficiales de los bultos, “mostrando la buena voluntad de no ser narcotraficantes”.

Este acuerdo conseguido por la Iglesia, la posiciona como el espacio más representativo de los intereses locales en un año de campaña en el que se renovarán bancas legislativas nacionales.

Tanto el Senador peronista Rodolfo Urtubey como el Diputado oficialista Guillermo Durand Cornejo definieron la política del gobierno nacional: “no hay argumento social posible que justifique el tráfico ilegal de mercadería”, a lo que el Senador denominó como “insensibilidad social del gobierno nacional”.

Todos los actores sociales y políticos, incluido los bagayeros, acordaron denominar a esta medida como “reconversión”, una medida que por el momento no podrá contener el fuerte resentimiento de la economía local (tanto tributaria como clandestina) que ya implicó una caída del 80% en Oran y Aguas Blancas, y avizora un efecto dominó en las economías de cada punto de la ruta del bagayo que conduce hasta el Área Metropolitana de Buenos Aires.-

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