Piden que se suspenda la elección de la reina en Salta
10/09/2016
Comienza la semana con un clima agradable durante toda la jornada
12/09/2016

Imputan a 38 funcionarios del Servicio Penitenciario Federal

Sometían a un régimen de hambre a presos de las cárceles de Cerrillos y General Güemes en complicidad con la firma proveedora de alimentos.

Se descubrió una gran red de corrupción dentro del Servicio Penitenciario Federal en la que está involucrada la empresa encargada de la provisión de alimentos a los presos de las unidades carcelarias federales ubicadas en Cerrillos y General Güemes.  La investigación inició a comienzo de año por el fiscal federal de Salta, Eduardo Villalba. Con la intervención del fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani y el fiscal ad-hoc coordinador del Área de Corrupción en las Fuerzas de Seguridad de esa dependencia, Fernando Vallone, pidieron ante el juez federal N° 2, Miguel Antonio Medina, la indagatoria a 38 funcionarios del Servicio Penitenciario Federal.

Entre ellos, se encontraban directores nacionales que están en funciones desde 2012 hasta la fecha y las máximas autoridades de las áreas de administración, contrataciones y auditoría del organismo. Los representantes del Ministerio Público también imputaron a 7 directores de “Servicios Integrales de Alimentación SA”, la empresa responsable de elaborar la comida para los reclusos.

Los fiscales señalaron por medio del diario El Tribuno que la situación se tradujo en un “régimen de hambre”, lo que generó graves padecimientos a los detenidos, producto de la deficiente alimentación, y que tenía como causa principal “la mala prestación del servicio de catering por parte de la firma Servicios Integrales de Alimentación (SIAL)”.

Según los funcionarios, el mecanismo se hizo habitual, violando las normas de contratación pública. A juicio de los fiscales, quedó demostrado que existió una maniobra para demorar los trámites licitatorios y así dar paso a esa forma paralegal de contratación que se habría ejercido de forma encriptada en el interior del Servicio Penitenciario en beneficio de la empresa de marras.

“Esta situación provocó el direccionamiento de las contrataciones a favor de Servicios Integrales de Alimentación por sumas millonarias y la imposibilidad de activar los mecanismos legales para transparentar los procesos de compra y generación de criterios de eficiencia para obtener un adecuado servicio de alimentación”, señala el escrito elevado al juez Medina. Al cotejar las raciones facturadas durante septiembre de 2013 a diciembre de 2015 con la cantidad de población que poseía el Complejo Penitenciario de General Güemes, los investigadores fiscales advirtieron que existió sobrefacturación por 1.957.725,05 pesos en beneficio de la firma proveedora de alimentos, ya que las raciones facturadas superaban a la cantidad de internos que había en esa institución penitenciaria. Para graficar el nivel de corrupción pudieron determinar, además, que los costos del servicio se actualizaban arbitrariamente, incluso por encima de todos los índices de inflación.

Fuente: eltribuno

Comentarios

Dejá un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *