El Consejo de la Magistratura tendrá dos opciones: o caer nuevamente en un conflicto sin precedentes o, bien, aprovechar la posibilidad de garantizar transparencia frente a una sociedad que ya no cree.
En Anta, todo comenzó con el robo, en 2016, de un motor que bombeaba agua a 30 familias campesinas del paraje San Miguel, de El Quebrachal. El 28 de abril de este año, se dio a conocer los detalles de dicho robo y a los involucrados en el caso; entre ellos, el ladero de diputado anteño Sández, Luciano Saravia, y Claudio Albaizeta, tío de Saravia.
El robo, la entrega inesperada del motor por parte de los mismos imputados y el modo en que se llevó a cabo el proceso judicial, generó grandes dudas sobre el desempeño del fiscal Gómez Amado y el defensor oficial de la jurisdicción, Juan Salinas. Además, puso en evidencia cómo los cargos del Ministerio Público y la Justicia departamental se estructuraron a través de nombramientos a dedo a fin de garantizar la impunidad de las injusticias cometidas.
Próximamente, en Anta se llevará a cabo la elección de un fiscal multifueros y ya se habla de los vínculos parentales y políticos que liga a los candidatos con el diputado Pedro Sández, al senador Ernesto Gómez y el intendente de El Quebrachal, Leonardo García. Ante estas sospechas, dos postulantes decidieron renunciar al concurso, una sería Mariana Barrera, esposa del juez de Garantías de Joaquín V. González, Héctor Guzmán.